•    “El consejero tiene datos y los andaluces necesitan conocerlos. La señora Díaz no puede mantener en sus puestos a altos cargos si han gastado dinero público en un prostíbulo”•    Dos auditorías sobre sendas subvenciones de la Faffe detectan falta de documentación y anomalías por el fraccionamiento de los contratos y pago de nóminasLa portavoz de Empleo del PP en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz-Sillero, ha asegurado este jueves que “la actitud obstruccionista del consejero de Empleo y el silencio cómplice de Susana Díaz en torno al gasto de casi 15.000 euros de dinero público en un prostíbulo nos carga de razones sobre la necesidad de una comisión de investigación en el Parlamento sobre este asunto”.Ruiz-Sillero ha calificado como “un hecho deplorable que el dinero destinado a la formación de los desempleados se haya gastado en un club de alterne”, y ha recordado que “sabemos por el antecedente de los ERE que se gastó dinero público en cocaína”.La portavoz de Empleo ha señalado que, con esta comisión de investigación, “también queremos saber si hay otros gastos similares con otras tarjetas, porque la realidad es que siguen faltando datos” “El consejero tiene que ordenar una investigación interna, su responsabilidad es saber quién gastó 15.000 euros de todos los andaluces en un prostíbulo, y, si como ha reconocido, hay malversación de dinero público, es necesario averiguar si siguen siendo cargos públicos y que asuman responsabilidades”. “El consejero tiene datos y los andaluces necesitan conocerlos, y la señora Díaz no puede mantener en sus puestos a altos cargos si han gastado dinero público en un prostíbulo”, ha dicho.Ruiz-Sillero ha señalado que “no nos podemos conformar con que nos mientan”, y ha recordado que tanto Miguel Ángel Vázquez, hoy consejero de Cultura, como la ex consejera y hoy ministra de Hacienda María Jesús Montero negaron en su día la existencia de tarjetas de crédito en la Junta.Teresa Ruiz-Sillero ha pedido explicaciones al consejero por el hecho de que la Consejería pidiera los movimientos de una tarjeta de Caja San Fernando a Unicaja, se ha preguntado si se trata de un hecho premeditado “para seguir obstruyendo la acción de la Justicia”, y ha criticado que el titular de Empleo  le haya amenazado ya en dos ocasiones con represalias judiciales por ejercer sus funciones como diputada.“El consejero no contesta a nada. Le he preguntado si los 15.000 euros para anular los gastos de la tarjeta salieron de las cajas de caudales que había distribuidas en las sedes de la Faffe, y no contesta. Tenemos esa sospecha, una sospecha que él mismo ha alentado al anunciar que va a pedir ampliación de diligencias por apropiación indebida”, ha afirmado.La portavoz de Empleo del Grupo Popular ha aportado nuevos datos sobre anomalías detectadas en la Faffe por diversas auditorías. Así, ha citado la realizada por Deloitte sobre una ayuda de esta entidad por valor de 25 millones de euros, en la que la consultora advierte de que no pueden informar en su totalidad porque carece de la documentación necesaria, y alerta, además, sobre el fraccionamiento de contratos de servicios. Una segunda auditoría sobre otra subvención concluye asimismo con la detección de numerosas incidencias y señala que un gasto de más de 2 millones de euros en personal no puede ser imputable a la subvención porque las nóminas no se adecúan a los criterios legales de la ayuda.Ruiz-Sillero ha denunciado asimismo, que sigue sin remitirse al juzgado la auditoría completa de regularidad de la Faffe. A este respecto, el director general de Formación Profesional para el Empleo se ha dirigido al Juzgado para indicarle que debe pedirla al SAE, “como si fueran –ha dicho la portavoz de Empleo del Grupo Popular- compartimentos estancos”. “Aquí hay una actitud evidente de obstruir, de poner palos en las ruedas a la investigación judicial para que se acabe archivando la causa, como ha ocurrido en Huelva porque la Junta no ha acusado”, ha asegurado Teresa Ruiz-Sillero.

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