• El PP Andaluz saca adelante su petición de comparecencia de la consejera de Justicia e Interior sobre la llegada de inmigrantes a Andalucía
  • El PSOE es el único partido que ha rechazado la comparecencia de la consejera de Justicia

Los grupos de PSOE y Ciudadanos han vetado este jueves en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía la convocatoria urgente de la comisión de Medio Ambiente para que, tal y como había solicitado el PP Andaluz, el consejero diera explicaciones en torno a la actuación de la Junta en los incendios forestales que se están produciendo en la comunidad, y muy especialmente en la provincia de Huelva.

El Grupo Popular sí ha conseguido que salga adelante su petición de comparecencia urgente de la titular de Justicia e Interior para dar cuenta de los problemas producidos en la atención a los inmigrantes que llegan a las costas andaluzas, solicitud a la que sólo el PSOE ha votado en contra.

Respecto a este asunto, la parlamentaria del PP Andaluz Patricia Navarro ha asegurado que “Andalucía ha tocado techo en cuanto a la atención a los inmigrantes, un colapso que ya admite incluso la Consejería”. Ha señalado que las dos consejeras andaluzas que acudieron a la Conferencia Sectorial “mostraron una actitud sumisa y se volvieron de vacío, y el resultado es que Andalucía se ha quedado sola en este asunto”.

Navarro ha criticado, asimismo, que ni Susana Díaz ni Pedro Sánchez se hayan acercado a conocer la realidad de la llegada masiva de inmigrantes pese a pasar sus vacaciones a pocos kilómetros de los puertos que están siendo escenarios de la misma.

Por su parte, el portavoz de Agricultura del Grupo Popular, Manuel Andrés González, ha denunciado que desde la Junta de Andalucía “no se han puesto los medios suficientes para atajar los incendios de este verano”, y ha señalado que “eso no lo decimos sólo nosotros, lo dicen los profesionales”.

González se ha referido también a las movilizaciones emprendidas por las plantillas del Infoca, que han denunciado que “se está poniendo en riesgo la seguridad de los agentes, la antigüedad de la flota de vehículos, la alarmante reducción de la plantilla y la falta aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales”.