• Loles López critica que ante la “gravedad” de los hechos denunciados, la Junta no haya respondido nada
• La UCO dijo en un oficio que hay “una duda más que razonable” de que haya habido “simulación contable” para justificar un posible desvío de fondos públicos
• La petición sobre las tarjetas llega tras descubrirse la existencia de 13 cajas con fondos en metálico para financiar gastos

La secretaria general del PP Andaluz, Loles López, calificó hoy de “sospechoso” el silencio de la Junta de Andalucía ante las denuncias que ayer hizo públicas esta formación política sobre irregularidades en la contabilidad a través de las “tarjetas black” usadas en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE).
La dirigente popular ha recordado la “rapidez con la que suelen contestarnos a cualquier crítica que les hacemos y resulta poco menos que sospechoso que hayan pasado más de veinticuatro horas sin que den cumplida respuesta a nuestra denuncia”.
López aventuró la razón de este silencio oficial sobre las “tarjetas black” de la FAFFE en que “no pueden dar muchas explicaciones y seguramente si tienen mucho que ocultar ante otro caso más de irregularidades que salpica directamente a la gestión de Susana Díaz”.
El PP Andaluz exigió ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que remita al juzgado la información que la Justicia viene requiriendo desde el año pasado sobre los pagos con estas tarjetas, cuya existencia ha negado siempre el PSOE y de las que la Junta, ahora que han sido descubiertas, se resiste a dar los datos a pesar de que quienes están pidiendo esa información son la UCO y la Fiscalía Anticorrupción”, dijo.
El PP explicó que la UCO reclamó esos datos en junio de 2017, y que la juez, a instancias de la Fiscalía, lo reclamó el pasado mes de noviembre. En marzo de este mismo año la Fiscalía lo ha tenido que volver a recordar porque la documentación todavía no ha llegado al juzgado.
La UCO ha descubierto que la Faffe tenía al menos 13 cajas con fondos en metálico para financiar gastos: cuatro cajas en la sede central de la fundación y una caja en cada una de las nueve gerencias. Por ello la Guardia Civil solicitó a la juez en julio de 2016 que reclamara a la Junta toda la documentación relacionada con la gestión de esos fondos (tickets, facturas, estadillos o saldos).