• La propuesta se ha debatido hoy en la Comisión de Agricultura del Parlamento y ha sido aprobada por unanimidad
• Ana Mestre: “Hay que garantizar que quienes vienen a trabajar desde otros países lo hagan con plenos derechos y protección”

El Partido Popular ha logrado hoy el apoyo unánime del Parlamento al desarrollo de un sello de calidad para hacer visible el compromiso de las empresas agrícolas con sus trabajadores y en especial con las trabajadoras inmigrantes que participan como temporeras en las campañas de recolección. Los grupos de PSOE y Podemos no han apoyado el segundo punto de la PNL, relacionado con el fomento de la contratación en origen.

Se trata, explicó la diputada del PP, Ana Mestre, “de reconocer el cumplimiento de los requisitos de calidad a través del protocolo para la acogida y atención a trabajadoras y trabajadores inmigrantes contratados en origen, dejando libre de duda cualquier posible explotación”, tras las denuncias ocurridas hace unos meses.

Mestre dijo que el consumidor y el empresario del siglo XXI han evolucionado hacia un consumo y producto con conciencia social, “en el que importa no sólo la excelencia del resultado final sino también la garantía y calidad del proceso productivo, y de las condiciones que quienes trabajan en él”.

La diputada popular defendió las garantías de los programas de contratación en origen, en el que una alta tasa de los contratos se hace principalmente a mujeres de Polonia, Rumanía, Marruecos y Senegal. “Esta experiencia da resultados muy positivos, pues se encadena una red de recursos organizados entre administración y asociaciones del tercer sector que dan cobertura a estar mujeres”, dijo.

Ana Mestre subrayó que “la mayoría de las empresas agrícolas ponen recursos dignos y adecuados a los temporeros y temporeras contratados para las campañas, de manera responsable y sensata”, al tiempo que lamentó que se hayan dado casos de explotación y abuso como los denunciados recientemente.

En este sentido, la propuesta del PP aprobada hoy pone en valor las buenas prácticas de los empresarios y la garantía de cumplimiento de los derechos humanos y protección de la mujer. “Hay que garantizar que quienes vienen a trabajar desde otros países lo hagan con plenos derechos y protección. Eso añade un importante valor añadido al producto y a las empresas andaluzas”, concluyó.

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