• Reunión con representantes de sindicatos de transporte de emergencias sanitarias
• El PP denunció hace dos meses que la Junta había sacado a concurso un tipo de ambulancia sin asistencia que incumple la legislación
• Los sindicatos han presentado escritos a la empresa pública 061, que sigue sin contestarles

La portavoz de Salud del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Catalina García, ha exigido a la consejera de Salud, Marina Álvarez, que aclare “de inmediato” el “escándalo” suscitado tras desvelarse que la Consejería de Salud había sacado a concurso un tipo de ambulancia sin asistencia sanitaria (denominada A1EE en el pliego de condiciones). Este tipo de vehículo de transporte sanitario no aparece contemplada en la legislación (RDL 836/2012) y a juicio del PP, “elude la ley porque evita llevar a técnicos de emergencias”.

La alerta ha movilizado también a los representantes de los sindicatos de transporte de emergencias sanitarias, que se han dirigido por escrito en varias ocasiones a la Empresa Pública de Emergencias 061 para pedir información, sin que hayan recibido respuesta por parte del gobierno andaluz.

Catalina García, acompañada del diputado por Sevilla Jaime Raynaud, ha mantenido una reunión con representantes del Sindicato Andaluz de Celadores y Conductores (Saceco); de Emergencias Sanitarias Emersan; y de la plataforma de Técnicos de Emergencias Sanitarias TES Españoles Unidos.

García trasladó a los sindicatos que el PP ha pedido la paralización de todos los concursos de adjudicación de ambulancias “hasta que no aclaren con informes técnicos y económicos si en la actualidad el servicio de transporte de urgencias y emergencias que ofrece el SAS a los andaluces es seguro y de calidad”.

Jaime Raynaud pidió a la Junta que informe sobre las denuncias de ambulancias que prestan sus servicios en Extremadura desde marzo pese a que el contrato de adjudicación es para prestar servicio en Sevilla. “Nos preocupan mucho que ambulancias que deben estar atendiendo a los sevillanos en caso de urgencias no estén disponibles porque están en otra comunidad”.

Los representantes de los sindicatos pidieron a la Junta, por un lado, sustituir la bolsa específica de celadores y conductores de ambulancias asistenciales tipo B y C por la de técnicos en emergencias sanitarias, para cumplir así con el Real Decreto que establece las características técnicas, los equipamientos sanitarios y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.

Además, denunciaron que lo que hace la Junta es una “privatización de funciones” al externalizar los servicios de los celadores conductores en Andalucía; y recordaron que la Junta no reconoce a los técnicos de emergencias sanitarias como personal sanitario.

Igualmente, reclamaron que, como todo grupo operativo de nivel prehospitalario, deben trabajar la asistencia en ruta con otro compañero, a fin de prestar el mejor servicio al paciente.

Los representantes sindicales se preguntaron si la presidenta de la Junta es consciente de que “está permitiendo que se utilicen ambulancias ilegales no asistenciales en la red de transporte urgente”. Subrayaron que el objetivo debe ser que los pacientes “sean atendidos en la mejor de las situaciones y por profesionales”, no por los acompañantes.

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