•    El portavoz de Educación del PP en el Parlamento, Miguel Ángel Ruiz, subraya la necesidad de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que hoy ha superado el debate de totalidad en la Cámara

El portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Miguel Ángel Ruiz, ha celebrado hoy que el Proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado haya superado el debate de totalidad en la Cámara Autonómica, y ha asegurado que el gobierno de Juanma Moreno cumple con este texto con una “demanda histórica” del profesorado.

Ha recordado que atender a esa necesidad de dar al profesorado las herramientas para ejercer su labor en un clima de respeto y convivencia “está en el ADN” del PP, ya que el gobierno de Rajoy lo incluyó en la Ley Educativa de 2013, y ha resaltado que la Ley Celáa, “que prácticamente deroga en su totalidad la Ley anterior”, ha mantenido ese artículo. Además, ha recordado que el PP, en la anterior legislatura en Andalucía en la oposición, ya presentó una proposición no de Ley que fue aprobada.

Para Ruiz, la Ley de Autoridad del Docente es además “un reconocimiento al trabajo y esfuerzo que hacen directamente los docentes a pie de aula, que dignifica su labor y les da apoyo expreso a través de herramientas como la asistencia jurídica gratuita y psicológica”.

Por otra parte, ha anunciado que el PP presentará enmiendas al texto para “reforzar a todo el personal docente que presta servicio público, independientemente de que sean o no funcionarios o del centro escolar en el que impartan clases”.

Ha dicho que con leyes como ésta “se defiende a la educación”, así como con otras medidas adoptadas por el gobierno de Juanma Moreno, como haber alcanzado el 5% del PIB en el presupuesto de Educación para 2021 o la plantilla docente de servicio público más alta de la historia de la comunidad; al tiempo que ha abogado por “promover los consensos en lugar de enfrentar a la comunidad educativa, como está haciendo la oposición socialista que ni siquiera quiso participar en el Grupo de Trabajo para el Pacto por la Educación en el Parlamento”.