• Los datos de la Oficina de Control Presupuestario revelan que el 43,5% de las inversiones reales recogidas en el presupuesto del pasado ejercicio no se han ejecutado
• El gobierno de Díaz ha dejado de ejecutar más de la mitad de inversiones presupuestadas para infraestructuras educativa, sanitarias, y para el apoyo a los sectores productivos, y el 86% de la inversiones para políticas de Empleo
• Carmen Crespo destaca poco “municipalismo” de Susana Díaz, que tampoco ejecuta las inversiones del Plan de Cooperación Municipal y se mantiene “insumisa” a la Ley de la Patrica al rechazar ayer la iniciativa del PP para garantizar su cumplimiento

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha denunciado esta mañana la “parálisis de gestión” del gobierno de Susana Díaz, que, a su juicio, queda patente en las cifras de ejecución del presupuesto de 2017. Según datos de la Oficina de Control Presupuestario, a 31 de diciembre, es decir, con el presupuesto cerrado, había 1.691 millones de euros de las partidas de inversiones reales sin ejecutar, un 43,5% del total de las mismas.

Crespo dijo que esta falta de ejecución supone “1.700 millones de oportunidades que no han llegado a los andaluces”, y que “lastra el desarrollo económico de Andalucía”. “Más dinero para Andalucía no cambia una mala gestión, mejora una buena gestión”, manifestó la portavoz popular, quien afirmó que la consecuencia de ello es, por ejemplo, la bajada del 6,1% de la inversión extranjera en la comunidad el pasado año.
Entre las partidas sin ejecutar destacan los 90 millones de los 173 presupuestados en infraestructuras educativas; los 71 millones de los 132 millones en sanidad; 132 millones sin ejecutar de 224 millones presupuestados en medio ambiente; 281 millones del presupuesto de 574 millones de infraestructuras, fundamentalmente infraestructuras del transporte; ó 140 millones no ejecutados de los 349 millones presupuestados para I+D+I.

Capítulo aparte merecen las inversiones para políticas de Empleo, de las que están sin ejecutar el 86%, de manera que de un presupuesto para inversiones de 596 millones, 518 millones no se han llevado a cabo, a pesar de las altas cifras de desempleo en Andalucía.

En este sentido, recordó que se trata de fondos finalistas, procedentes del Estado o de la Unión Europea, y que la falta de ejecución ha supuesto que desde que gobierna Susana Díaz la Junta de Andalucía haya tenido que devolver 3.000 millones de euros “porque no los ha gastado”.

También es relevante que más de la mitad de los 805 millones para  inversiones que en el presupuesto se dotan al apoyo a sectores productivos no se hayan ejecutado: “420 millones de euros sin ejecutar para agricultura, ganadería, turismo, comercio o autónomos”, subrayó la dirigente popular, quien hizo hincapié en que la ejecución final de los dos últimos presupuestos, aprobados con el apoyo de Ciudadanos, “los autónomos salen perdiendo”, ya que “ha empeorado la ejecución de sus partidas”. “El movimiento se demuestra andando”, insistió la portavoz popular, en referencia a las declaraciones de Ciudadanos y del PSOE sobre el apoyo de ambos partidos al colectivo de autónomos.

MUCHO AUTONOMISMO Y POCO MUNICIPALISMO

Carmen Crespo acusó también a la presidenta de la Junta de “dar muchos golpes de autonomismo, pero pocos de municipalismo”, ya que los datos de ejecución del presupuesto de 2017 revelan que se han dejado sin invertir 202 millones presupuestados en el Plan de Cooperación Municipal.
Este hecho se une a la decisión adoptada ayer en el Consejo de Gobierno, que mostró su criterio contrario a la Proposición de Ley presentada por el PP Andaluz para exigir el cumplimiento de la Ley 6/2010 aprobada en el Parlamento e incrementar la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) en el presupuesto.

La Proposición de Ley reclama un calendario de pagos de los fondos no abonados a los ayuntamientos entre los años 2013 y 2017; las modificaciones presupuestarias necesarias para que en el actual ejercicio se pague conforme a ley para no seguir engordando la deuda; y, finalmente, que los presupuestos incluyan un incremento de fondos tal y como recoge la normativa.
Señaló que el rechazo trasladado ayer por el portavoz del Gobierno supone una “insumisión de la propia Junta a una ley autonómica”, y subrayó que “se trata de dar a los ayuntamientos lo que es suyo” para que puedan disponer de estos fondos incondicionados.

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