• Andalucía es la comunidad que más fondos recibe para política de vivienda y que el Estado financia el 100% de la política de alquiler de la Junta

• “Díaz pierde la oportunidad de hacer una política de vivienda eficaz con recursos que llegan del Gobierno de España”

• “El principal problema de los andaluces es la incapacidad de Díaz para aprovechar los recursos disponibles porque sólo le importa la propaganda”

• “El PSOE siempre han hecho un uso demagógico del problema de vivienda que tienen muchos andaluces”

La portavoz de Vivienda del PP en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, afirmó hoy que “la mala gestión del gobierno de Susana Díaz convierte en inútil el dinero que el Estado destina a política de vivienda en Andalucía”. Recordó que Andalucía es la comunidad autónoma que más fondos recibe para política de vivienda y que el Estado financia el cien por cien de la política de alquiler de la Junta y la práctica totalidad de las actuaciones de rehabilitación e instalación de ascensores.

Martínez señaló que a pesar del dinero que recibe, la Junta sólo ha ejecutado el 62 por ciento del plan de vivienda 2013-2016. “Díaz –dijo- pierde la oportunidad de hacer una política de vivienda eficaz con recursos que llegan del Gobierno de España”.

Agregó que “una vez más se pone en evidencia que el principal problema de los andaluces es la incapacidad de Díaz para aprovechar los recursos porque solo le importa la propaganda y tiene abandonada la gestión”.

En este sentido, Martínez afirmó que los gobiernos socialistas de Andalucía “siempre han hecho un uso demagógico del problema de vivienda que tienen muchos andaluces”. Así, recordó la promesa de viviendas gratis, la Ley del Derecho a la Vivienda y la Ley de tanteo y retracto en desahucios de viviendas que está actualmente en trámite parlamentario.

La diputada popular explicó que en los presupuestos para 2018 se consignan 4 millones de euros para aplicar esta ley, “la misma cantidad que ya se presupuestó en los dos ejercicios anteriores y no se ha ejecutado”. Indicó que “en vez de gestionar el dinero que tienen por la financiación del Estado, están tramitando una ley en diferido que saben que no podrán aplicar mientras esté en vigor la normativa estatal sobre desahucios, es decir hasta mayo de 2020”.

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