• Vicente Valero afirma que “la nueva ley de discapacidad pretende ser una declaración vacía de intenciones, sin financiación ni memoria económica»

• Critica el seguidismo de los grupos a la nefasta gestión socialista de la discapacidad vuelve a golpear a un sector maltratado e ignorado

• Asevera que el PP seguirá luchando junto al sector asociativo para aprobar el mejor texto posible y garantizar los derechos que el proyecto niega

El parlamentario granadino, Vicente Valero, ha lamentado hoy que el PP andaluz se haya quedado solo en la defensa de las personas con discapacidad en Andalucía, a la vez que ha denunciado que “la nueva ley de discapacidad pretende ser una declaración vacía de intenciones, sin financiación ni memoria económica»

Valero ha subrayado que el sector de las personas con discapacidad, cercano al 10% de la población andaluza, seguirá siendo el gran olvidado del gobierno de Susana Díaz.

En este sentido, ha explicado que “tras el debate en comisión del dictamen del proyecto de la nueva ley que regirá los derechos y la atención a la discapacidad, PSOE y Ciudadanos han decidido apostar por maquillar mínimamente el texto actualmente en vigor, condenando al colectivo al olvido y la marginalidad, con la connivencia del resto de grupos”.

Para Valero, «cerrar en falso la tramitación de la ley es perder una oportunidad histórica para profundizar en la garantía de derechos y la igualdad de oportunidades».

«Después de que el gobierno socialista guardara en el cajón el proyecto durante más de dos años, a todos les han entrado las prisas», ha lamentado el portavoz popular de discapacidad. El proyecto hace referencia de manera explícita sobre su financiación a la condición de la disponibilidad presupuestaria en lugar de incluir una memoria económica detallada.

Así, ha manifestado que de las 111 enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular, el resto de grupos sólo han aceptado once propuestas. «Han despreciado el nuevo modelo de discapacidad al que debemos aspirar, que pasa del paternalismo benéfico y la caridad que han imperado en los últimos 38 años hacia el verdadero reconocimiento de derechos a través de la ley vanguardista que Andalucía necesita».

De esta forma, ha denunciado que el seguidismo de los grupos a la nefasta gestión socialista de la discapacidad vuelve a golpear a un sector maltratado e ignorado. «Se han alineado con una aprobación de texto que supondrá seguir situando a las personas con diversidad funcional en la vulnerabilidad, la marginación e indefensión más absoluta», ha añadido.

El popular ha afirmado que el Grupo Parlamentario Popular apuesta por dar más tiempo para madurar una propuesta consensuada en un texto mejorado que incluya las numerosas reivindicaciones y demandas del tejido asociativo y ha destacado la voluntad de aprobar por unanimidad una ley que garantice de manera exhaustiva los derechos de las personas con discapacidad.

«El proyecto actual no normaliza ni posibilita la participación real y efectiva de estas personas en la sociedad como titulares de derechos», ha afirmado Valero, que manifiesta su preocupación por la falta de medidas que posibiliten «un proyecto de vida propio, el derecho al empleo y el acceso a una educación inclusiva y una formación de calidad”.

Entre los puntos más polémicos de la ley está la negativa a la libre elección de centro público para estudiantes con discapacidad, medida incluida en las leyes nacionales de educación pero que no será efectiva en Andalucía, con la complicidad decisiva de Ciudadanos.

«Estamos ante una ley discriminatoria que niega derechos, y que no dota de los medios y recursos necesarios a los centros educativos. Muestra de esta discriminación por razón de discapacidad es el hecho de que hermanos no puedan compartir el mismo centro”.

Además, ha aseverado que tampoco existe una apuesta por el empleo, cuando el 80% de los andaluces con diversidad funcional no tienen trabajo ni lo encontrarán nunca según un estudio reciente., ni se hacen cumplir las cuotas de reserva que deben garantizar las contrataciones tanto en el sector público como en el privado.

Valero ha matizado que la ambigüedad calculada del texto, repleto de deficiencias, ha sido respaldada por Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida junto al PSOE, negándose a la creación de un órgano independiente y sin coste público para el control del cumplimiento de la ley pese a la recomendación de la Convención de la ONU sobre discapacidad. «Resulta imposible cumplir y hacer cumplir todos esos derechos sin una autoridad que vele por el espíritu de la ley».

«No hablamos de una concesión, de una gracia o de palabras vacías, hablamos de derechos, hablamos de personas, con nombres y apellidos, con historias dramáticas, injusticias que harían sonrojar a cualquiera. Lo único que garantiza el texto que se pretende aprobar son más quejas, más reclamaciones y más sufrimiento para el colectivo de la discapacidad andaluza», ha dicho.

Finalmente, ha indicado que el PP seguirá luchando junto al sector asociativo para aprobar el mejor texto posible y garantizar los derechos que el proyecto niega de manera incomprensible, profundizando en aspectos importantes como la financiación de la ley, la eliminación de las miles de barreras que obstaculizan la accesibilidad o el turismo accesible, que brilla por su ausencia y niega el disfrute de nuestras playas, entornos naturales y monumentos históricos a las personas con discapacidad.