• El PP reclama cambios para poder apoyar la Ley en la Cámara Autonómica

• Crespo alerta de que el Proyecto de Ley, que afronta su debate final este miércoles en el Parlamento, no recoge un presupuesto concreto para su financiación y cumplimiento

• El texto no garantiza el derecho a la libre elección de centro y no recoge un horizonte para la eliminación de las barreras arquitectónicas en la comunidad

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, y el portavoz de Discapacidad, Vicente Valero, han lamentado hoy el “grave perjuicio” de la nueva Ley Andaluza de Discapacidad que, a su juicio, “da la espalda al sector” en ámbitos tan fundamentales como la educación, el empleo, y la accesibilidad sin barreras arquitectónicas.

Crespo y Valero han mantenido hoy una reunión junto a las responsables de Igualdad y Políticas Sociales, Ana Vanesa García; y de Educación, Marifran Carazo, en la que han analizado el texto del Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que afronta este miércoles su debate final en el Pleno del Parlamento. Un texto, denunciaron, que “sólo ha tenido en cuenta el 10 por ciento de las 111 enmiendas propuestas por el PP, obviando las más relevantes referentes a la garantía de derechos”.

“La actitud del PSOE y la complicidad de Ciudadanos han culminado con un texto que no es más que una mala copia de la ley actual”, dijeron, al tiempo que han apuntado que “no se ponen sobre la mesa los medios y recursos para mitigar el 80 por ciento de desempleo que soportan las personas con diversidad funcional en Andalucía, que siguen siendo los grandes olvidados y marginados del gobierno de Susana Díaz”.

Crespo ha anunciado que el PP se plantea apoyar la Ley siempre y cuando sea concreta en financiación, recoja acciones en materia de accesibilidad, así como la libre elección de centro educativo.

Para el PP la ley se ha quedado “en una mera declaración de intenciones” al no concretar un porcentaje de presupuesto que garantice su financiación y cumplimiento, tal y como contemplaba una de las enmiendas presentada por el PP y rechazada. El texto hace referencia de manera explícita sobre su financiación a la condición de la disponibilidad presupuestaria.

Añadió la necesidad de elaborar un inventario de barreras arquitectónicas y una ejecución concreta de cuando se van a eliminar. “No podemos estar a merced de que pasen los años y siga sin haber accesibilidad libre de las personas con discapacidad en Andalucía en pleno siglo XXI”.

En este sentido, consideran “especialmente grave” que no se garantice  a los estudiantes con discapacidad la libre elección de centro público, medida que sí incluyen las leyes nacionales de Educación, “pero que no será efectiva en Andalucía, con la connivencia decisiva de Ciudadanos”. “La Ley Andaluza lo condiciona a los medios y recursos de los que disponga y que determine Educación, permitiendo, por tanto, la exclusión por razón de discapacidad”. Además, dijo que “muestra de esta discriminación es que habrá hermanos que no puedan compartir el mismo centro”.

En materia de Empleo, el texto del Proyecto de Ley “no garantiza convocatorias independientes de acceso al empleo ni concreta que la cuota de reserva de puesto para la discapacidad se calcule sobre el número total de plazas de la oferta de empleo público”. Por otra parte, rechazan que “no se obligue a disponer de temarios y pruebas adaptadas, ni se establezca que la constitución efectiva de las bolsas de empleo temporal del turno de discapacidad intelectual sea al mismo tiempo que la del turno general”.

“Hemos perdido una oportunidad de oro para cambiar el modelo, pasar del paternalismo benéfico de los últimos 38 años hacia un verdadero reconocimiento a través de la ley de vanguardia que Andalucía necesita”, concluyeron los parlamentarios del PP.

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